La Audiencia Nacional condena a Extremadura Verde a devolver una ayuda de 248.522 euros

Por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se concedió a Extremadura Verde S. L. incentivos regionales para la realización del proyecto Planta Logística de Biomasa a realizar en Navalmoral. El 15 de julio de 2013 se le concedió 248.522 euros, que era el porcentaje del 18% a la inversión aprobada de 1.380.682 euros.

El 7 de agosto de 2013 Extremadura Verde S.L. se comprometió a crear dos puestos de trabajo en el establecimiento objeto del proyecto, y mantenerlos hasta el fin del plazo de vigencia; también se comprometió a mantener durante el mismo espacio de tiempo 28 puestos de trabajo, de los que como mínimo siete estarían cubiertos con algunos de los contratos que se indicaban en la resolución. Por lo tanto, se comprometía a mantener 30 puestos de trabajo desde julio de 2014 a julio de 2016.

En la resolución de la concesión de la ayuda se señalaba que si incumplía esas condiciones se podría llegar a declarar la cancelación y el archivo del expediente y la apertura de un procedimiento de incumplimiento, con la devolución de las cantidades que se hubieran percibido, el abono de los consiguientes intereses legales y, en su caso, la imposición de las sanciones procedentes.

En noviembre de 2013 el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, Antonio Echávarri, inauguró la planta de tratamiento de biomasa, que tuvo una inversión de dos millones de euros.

Según el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, la sociedad de Navalmoral no acreditó la creación y mantenimiento de los dos puestos de trabajo, ni el mantenimiento de otros puestos de trabajo en los centros de los que se compone la sociedad, «existiendo destrucción de empleo total, lo que supone un incumplimiento del 100%».

Extremadura Verde S.L. alegó que la situación de crisis económica general desde 2009 y la disminución de la facturación desde 2012 había incidido en la capacidad empresarial, determinando una caída muy sensible en la facturación por la desaparición de la actividad de contrata pública forestal en Extremadura, bajada del precio del petróleo, caída de la contratación pública y, por consiguiente, del empleo. Señaló que de mantener los puestos de trabajo tendrían que haber cerrado la empresa, perdiéndose todos empleos. Aseguró que su conducta estuvo presidida por el principio de buena fe y confianza legítima.

La excusa de la crisis

La Audiencia Nacional indica en su sentencia que esta clase de subvenciones «no se trata de acuerdos entre particulares, sino de la concesión de una subvención estrictamente condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos». Insiste en que los incentivos regionales se configuran como una de las medidas que la Administración utiliza para fomentar ciertas actividades hacia fines considerados de interés general.

Concluye que la situación de crisis económica no puede en sí misma excusar del cumplimiento de las condiciones impuestas, ya que la situación económica desfavorable debe ser ponderada y valorada por quien solicita la ayuda de fondos públicos para llevar a cabo un determinado proyecto empresarial. Decide que cuando fracasa el proyecto se debe devolver la subvención, ya que no se puede admitir que se traslade a la Administración el riesgo empresarial en caso de fracaso, y no en el supuesto opuesto de éxito económico de la inversión acometida.