Opinión

Arenas movedizas

En 47.500 millones de euros anuales (el 4.7% del PIB) fijaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015 los sobrecostes de un ineficiente sistema de contratación pública que no garantizaba la competencia, era poco transparente y podía generar desviaciones del 25%.

Dos años antes, el Tribunal de Cuentas Europeo constataba que construir mil metros cuadrados de carreteras costaba 87.217 euros en Alemania y 160.694 euros en España, casi el doble, sin que el motivo fueran la orografía o las particulares dificultades constructivas.

La investigación contra dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya se reabrió en 2015. Pasqual Maragall les había afeado en sede parlamentaria que su problema se llamara 'tres por ciento', nombre dado al pago bajo cuerda para obtener contratos públicos; rumor que inflamaba tan honorables instancias aunque no hubiera nada nuevo.

Catorce años antes, el ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, hoy alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, intentó acabar con unas mordidas de uso corriente para la financiación de los partidos políticos, conocidas por la CEOE y que fuentes del sector de la construcción cuantificaban entre el dos y el cuatro por ciento del valor de las grandes obras; todo según recogían El País y ABC. Mas ocurre que este bombazo tuvo muy escaso recorrido y, un trienio después, Borrell y la patronal madrileña insistían en luchar contra la corrupción y el pago de esas comisiones.

El magistrado Joaquim Bosch, en su documentado ensayo 'La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España' (Ariel, Madrid, 2022), cita estos y muchísimos otros casos y se retrotrae al s. XIX, donde el cacique, en una sociedad agraria y rural, operaba como benefactor, conseguidor de empleos y protector ante leyes gravosas para los suyos, haciendo buena la máxima atribuida al conde de Romanones: 'al amigo, el favor y al enemigo, la ley'. Un modelo patológico de convivencia entre iguales que el régimen franquista vino a envilecer aún más durante la postguerra con la triunfal llegada de otros caciques.

El franquismo se convirtió, a decir del sociólogo Amando de Miguel, en la forma de vida de los españoles, e impregnó en mayor o menor medida a todos. La transición, cuyo inicio Santos Juliá sitúa en 1937, resultó harto difícil y, en lo que quiero aquí resaltar, finalmente sirvió para avanzar, y mucho, pero a costa de hacer depositaria a una élite partidista de nuestro futuro, élite que no tuvo la capacidad ni la voluntad suficientes para crear cultura democrática y erradicar sabidas fórmulas infectas.

Por el contrario, fue pisar Moncloa y muchos nuevos servidores públicos, deslumbrados por tanto privilegio, se comportaron con iguales trazas de enseñoramiento, propia de nuevos ricos, nuevos caciques.

Creerse la Constitución

Sin duda faltaba – y falta – cultura democrática, creerse la Constitución. Tomarse los derechos fundamentales en serio, como proclamaba Dworkin, hubiera evitado situar la fuerza del Estado en sus cloacas y afrontar erróneamente desde ellas una necesaria lucha contra el terror de ETA, banda que asesinó a 853 hombres, mujeres y niños; y dejó atroces secuelas en otros 2.597; un cruel sadismo que, en su mayor parte, afloró en una España ya democrática (1978 a 2010) y con cuya barbarie buscaba esclavizarnos. Y es que, como expusiera Norberto Bobbio, los extremos se tocan… No, los violentos nos lo pusieron difícil y, a su rebufo, se contaminaron nuestros valedores, como se supo por el 'caso Roldán'.

En el Eurobarómetro de 2022, el 89% de los españoles consideraban que la corrupción está muy extendida en nuestro país. La propia Comisión Europea, al informar el año anterior sobre el Estado de Derecho en España, subrayaba la falta de una política integral para prevenir esa descomposición del sistema e insistía en la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) de elaborar un plan de acción para detectar y reducir el grave riesgo de corrupción política de alto nivel, el fraude y los delitos económicos.

A tal fin se diseñó la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, una herramienta incorporada a nuestro Derecho a través de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción; ley que impone graves sanciones económicas a quien la infrinja y alumbra un estatuto de protección para informantes de comportamientos contra el Derecho de la Unión Europea, ilícitos penales o infracciones administrativas, graves o muy graves.

También trata de desinfectar zonas impunes en los sectores público y privado, exigiendo la creación de un canal de denuncias con un responsable del sistema interno de información, al que deberá dotarse de medios y de una verdadera independencia funcional, salvo que queramos dejarle a merced de las graves tensiones que se darán en el descubrimiento y persecución de estas normalizadas anomalías.

La norma obligó a los ayuntamientos a implantar este canal de denuncias a través de un reglamento cuya lectura desvelará el compromiso real habido para el desarrollo de la cultura constitucional del cumplimiento y la transparencia. El canal de denuncias se configura como el primer filtro para detectar y corregir prácticas ilícitas, prevenir sus perniciosos daños y sancionar o trasladar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o a la autoridad administrativa competente que deba depurar responsabilidades e imponerles la reparación del daño causado.

Una decidida aproximación a la letra y espíritu de la Directiva contribuirá a iluminar espacios turbios y a devolver la confianza en el sistema que la inmensa mayoría de los europeos hemos decidido darnos libremente para vivir bajo los principios de constituciones que proclaman de forma rígida los derechos humanos, básicos e inderogables, que nos hacen iguales. Esta obligación legal daba pie, previa consulta a los trabajadores públicos, a elaborar una estrategia y un plan de acción municipales frente a la multiforme corrupción (por cierto, el despilfarro, es uno de sus indicadores).

Mas no se compadece con ese deber que los reglamentos municipales –como el que pretende aprobar Navalmoral– solo recojan la apertura de expediente sancionador cuando la infracción administrativa sea cometida por empleados públicos y omitan hacerlo cuando el autor de esa infracción sea una autoridad política (art. 5). Aligerar ahí el peso de la ley es vaciarla de contenido, apearse del sentido común y de los principios de igualdad y proporcionalidad; es convertirla en papel mojado, y muy mojado, cuando el reglamento tampoco establece la obligación periódica de informar al pleno del Ayuntamiento del funcionamiento de este canal de denuncias, ni del seguimiento de éstas y sus vicisitudes.

El pleno verá así reducida, por reglamento (de nuevo, el conde de Romanones), su legítima labor de control al desconocer qué ocurre en este campo de arenas movedizas, lo que le impedirá elaborar medidas correctoras tendentes a cumplir con la ley, amparar a quien lo precise y perseguir la impunidad ala que siempre propende el poder.

Oswald Splenger, con cierto fatalismo, subrayaba que siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. La nuestra, tengo para mí, debe ser salvada por el constitucionalismo y, sin duda, por una judicatura independiente.

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