Almaraz de nuevo (y Fukushima)

Nuestras condolencias a las vidas humanas agravadas por una instalación nuclear de diseño americano sin los debidos requerimientos de seguridad ante fenómenos de terremotos conocidos en todo Japón. Lo que si se sabe es que la vida en un amplio territorio y en el océano Pacifico, está amenazada en sumo grado y a nadie extraña ya que incluso China y Rusia tengan prohibido las importaciones de cualquier producto de mar. Todavía en el interior de los reactores se encuentran 900 toneladas de residuos radiactivos y se ignora el procedimiento de extracción y posterior sellado definitivo.

A nivel internacional los consorcios eléctricos nunca han dado importancia. ni a los incidentes que de manera continua siguen siendo la marca ineludible de cualquier reactor en el mundo (hoy hay en funcionamiento 403 reactores en 31 países; Greenpeace 2024), ni por supuesto a los accidentes siempre ocultados con el máximo sigilo. Así ocurrió con Chernóbil (1986), que afectando a media Europa (incluida España) por su contaminación, se publicitó como un error de la época soviética que nada tenía que ver con la tecnología occidental atómica.

El origen militar de esta denominada «industria para la paz», que impulsó la construcción de las centrales nucleares, ha sido y sigue amparado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, un conglomerado político-industrial al margen de cualquier regulación y control externo. Ni siquiera por parte de la ONU.

A pesar de no disponer de nuevos diseños que mejoren los actuales y de la imposibilidad de resolver la herencia maldita de los residuos radiactivos, y de invertir cantidades ingentes de recursos económicos en ello, comprobamos que con el nuevo trumpismo «Europa se va a salvar gracias al paraguas atómico militar del que dispone Francia» (E. Macron, 8 marzo).

Francia es el país más nuclearizado del mundo en relación a su población y ahora, aprovechando la ocasión de subidón militar americano, recuerda a la Unión Europea sus motivos. Es el único país europeo que posee la bomba atómica, misiles nucleares, submarinos nucleares de gran alcance y sus empresas electronucleares son estatales y multinacionales (EDF y Orano).

Por tanto, un país sobresaturado de nucleares civiles por imperativo militar que, lejos de haber encarado la transición eléctrica renovable, se ha dedicado a vender sus nucleares, sin ningún éxito, como verdes amparándose en el Parlamento Europeo, institución sin competencias legislativas ni ejecutivas.

¿Y Almaraz que hace en todo este tinglado político-electronuclear?. ¿De qué debate se trata?

De intentar reabrir el calendario de cierre paulatino pactado con el Gobierno español en 2019 a través de grandes inversiones en medios de comunicación, del lobby nuclear español, conocido como Foro Nuclear. Un Foro donde tanto empresas del sector como de ingeniería, proyectos y consultorías de las propias empresas eléctricas españolas, apoyados por determinados partidos políticos, toman cuerpo de «único patrón nuclear español». Incluso van más allá del propio negocio de las empresas propietarias de las nucleares. Anuncian amenazas de desconexión eléctrica y competitividad y coste para el consumidor, para explicar que todo lo firmado fue un error.

División entre las propietarias

Las empresas propietarias de la central de Almaraz, Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios, desde 2004 fusionada con la central de Trillo en una única empresa denominada la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo AIE, ya tuvieron su propio debate en el momento de la negociación con el Gobierno en 2019.

Iberdrola (propietaria al 53%) no quería seguir con las centrales nucleares debido a su posicionamiento mundial en energías renovables (representa el número uno a nivel mundial en eólica) y también al aumento de tasas que Enresa (empresa pública encargada de los residuos, desmantelamientos y almacenamiento) tenía congeladas desde el 2010, así como los requerimientos de seguridad que el Consejo de Seguridad Nuclear (regulador independiente y no promotor de una industria nuclear) imponía en caso de seguir.

El objetivo de Endesa (propietaria del 36%, privatizada y con socio mayoritario al Estado italiano) era continuar otros diez años más, ya que tenía varias centrales térmicas en proceso de cierre y carente de instalaciones renovables le venía bien compartir los impuestos (estatales, autonómicos y locales), las tasas y nuevas inversiones en seguridad

De esa pugna surgió el acuerdo con el Gobierno, y Enresa, para continuar entre 7 y 8 años más. Fue la única central que no tuvo la autorización ya establecida de diez años como siempre se ha considerado en España las renovaciones.

No era la primera vez que Iberdrola se enfrentaba con Endesa a cuenta de la continuación nuclear si debían también cumplir en grandes inversiones de seguridad en las centrales, así como de la financiación de unos residuos que ellos mismos generaban. Hasta el 2005 lo hicimos todos a través de la factura eléctrica. Ocurrió con el culebrón del cierre de la central de Sta. Mª. de Garoña (Burgos) cuando el Gobierno Rajoy incrementó los impuestos para reducir el déficit tarifario. Iberdrola cerró por su cuenta, fue multada, aunque se le permitió volver abrir y al final desistió.

Iberdrola y Endesa, socias mayoritarias, no han mostrado ninguna petición en prolongar Almaraz según contempla la ley que lo regula (Instrucción del CSN sobre requisitos de seguridad para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales nucleares BOE 30 noviembre 2017). Es decir 3 años antes de la fecha de expiración de la Autorización de Explotación que para el reactor I fue en noviembre de 2024. Falta aún hacer la petición para el reactor II, cuyo cierre es en octubre de 2028.

¿Conseguir financiación pública para Almaraz?

Todo lo parece si nos dejamos embaucar por el Foro Nuclear español que sin embargo copia las tácticas francesas tanto de la opinión pública, de negocio empresarial y de intensidad mediática con el único fin de conseguir financiación pública para nuevos proyectos nucleares de nueva generación que han sextuplicado el coste (19.000 millones de euros) y duplicado el periodo de construcción y con débiles presupuestos de las aseguradoras en riesgos nucleares (Flamanville, en Francia, y Olkiluoto 3, en Finlandia).

Por tanto ni plazos, ni costos, ni seguridad permiten creer en un auge nuclear en el mundo. Por esto nos siguen engañando pidiendo fondos públicos para los pequeños reactores modulares a instalar en cada esquina del planeta.

Para España solo queda pues pedir prolongar lo que hay en funcionamiento dado el poco poder de influencia política europea para intentar construir nuevas centrales.

Es sorprendente que a la presidenta de la Junta de Extremadura se le haya escapado que sea el Estado quien compre parte de las nucleares a fin de que les salga rentables a sus propietarios actuales (sorprendentemente el Gobierno de Bélgica acaba de realizar una operación semejante). Y que sin embargo no haya exigido un plan de emergencia nuclear para un entorno de 50 kilómetros de la central. O, por ejemplo, que copiando a Cataluña impulse un Fondo de Transición Nuclear para amortiguar el cierre durante el periodo de desmantelamiento. El propio Ministerio para la Transición Ecológica ya ha anunciado un informe de impacto económico, petición que desde el movimiento ecologista llevamos pidiendo desde el 2015.

Nunca las nucleares hubieran podido seguir sin el apoyo público y el manejo del loby incluso dentro del propio Consejo de Seguridad Nuclear hasta que éste se reformó y cambió de gestión (2007 y 2019).

Según la presión del loby, modificar el calendario de cierre también en una respuesta a la deriva militar en Ucrania. Repiten, entonces, que ese pacto de 2019 se firmó en condiciones que la situación de guerra en Ucrania ha hecho variar, ignorando que ya se ha dado respuesta, entretanto, con la propia legislación española y de planes integrados de energía y clima (2023-2030) y políticas de Gobierno de desmantelamiento y gestión de residuos (7º Plan General de Residuos Radiactivos, diciembre 2023) al amparo de las normativas del Unión Europea.

Cada estado europeo ha legislado sus propias políticas concretas para llevar adelante el acuerdo de Paris (2015), tratado internacional vinculante acerca de la emergencia climática. España decidió cerrar en primer lugar todas las centrales de origen fósil y en segundo lugar todas las nucleares. Desde luego, en ninguna COP (Cumbres Mundiales del Clima) se ha admitido a las nucleares como solución al cambio climático y aunque es cierto que en su fase de generación las emisiones de CO2 son menores que las producidas por gas, teniendo en cuenta todo el ciclo completo, desde la minería al almacenamiento profundo resulta que son altamente emisoras de CO2. (Ver: «Centrales nucleares, emisiones de CO2 y cambio climático» Fuhem. 2017)

Las nucleares no reducen los gases de efecto invernadero, aumentan los residuos radiactivos mortales y la probabilidad de accidentes y hacen que enormes inversiones económicas sigan invirtiendo en proyectos disparatados con el fin de seguir dando alza a una tecnología fallida desde sus comienzos, o bien en apoyo a seguir produciendo armas nucleares. Y todo esto en detrimento de las energías renovables con emisiones mucho menores.

No ha servido para el desarrollo

Y mirando a la central de Almaraz y su efecto de empleo, la propia organización de ayuntamientos del entorno de la centrales nucleares (AMAC) ya dejó claro en su informe de noviembre de 2021(Informe de Impacto Socioeconómico del cierre de la Central Nuclear de Almaraz) que, a pesar de los millones recibidos en los pueblos próximos, en estos más de 40 años no ha servido para tener un desarrollo empresarial llegado el momento de cierre, como tampoco ha servido para aumentar la población, ni se ha reducido el paro. Solo los diez años de construcción de la central han servido como empuje urbano en Navalmoral de la Mata, donde viven la práctica totalidad de empleados de la central y que ahora ya jubilados seguirán viviendo en ella.

En definitiva, entramos en el debate nuclear que solo representa el 20% del consumo energético final total y donde no se esperan aumentos máxime cuando en estos últimos 20 años la demanda sigue teniendo bajadas considerables.

No es extraño que las grandes eléctricas ahora apelen a los grandes centros de datos para seguir con su modelo de distribución centralizada, donde las centrales nucleares son las privilegiadas, ante el temor de que las energías renovables supongan la alternativa que en parte prescinda de las grandes centrales eléctricas, con un modelo más descentralizado y de comunidad energética local.