Almaraz: consummatum est

La pena es que quienes podían hacerlo no han tomado las medidas necesarias para hacer que las compañías propietarias tomasen la decisión de mantenerlas en lugar de cerrarlas a tan corto plazo.

Decía en un artículo anterior que los presidentes de cualquier sociedad anónima miran en las cuentas si se gana o no se gana dinero. Si pierden –o estiman que ganan poco– cierran. Cara al público se mostrarán más o menos compungidos –en este caso ni eso–, pero cerrar cierran, y los propietarios de la central ya han movido ficha y puesto fecha.

Podremos pedir que no se cierre la central hasta que no haya alternativas de empleo en la zona, que las compañías propietarias modifiquen su decisión, pero si nuestros gobernantes, actuales o futuros, no ofrecen una seguridad de continuidad y se empeñan en ordeñar la vaca hasta dejarla seca, podemos imaginar dónde irán a parar todas nuestras peticiones.

Se alegrarán los pertenecientes a movimientos antinucleares. Hace cuarenta años era reducido el número de personas opuestas a la energía nuclear con muy diversos argumentos. En esta zona, antes de que se hubiese producido la primera fisión, la central ya había ocasionado algún cáncer, numerosos abortos, se habían visto terneros y serpientes con dos cabezas y todos los días se sacaban de la central centenares de pájaros muertos.

En aquellos años, desde el poder se demonizó la energía nuclear para justificar una moratoria que ocultaba la incapacidad del Estado para proteger a la central de Lemóniz de los ataques de ETA. La moratoria, con la que se justificó el cierre de Lemóniz, se llevó por delante a Valdecaballeros, Regodola, Sayago y Trillo-2 y no ha salido gratis a los consumidores, que la han estado pagando, disparatadamente cara, en el recibo de la luz hasta 2015.

Creado el clima de miedo hacia la radiactividad en general, aunque era un temor difuso –se suponía que era muy mala, aunque no se tenían los conocimientos suficientes para saber por qué– se decidió la eliminación de los pararrayos que contenían americio. A todo el mundo le entró una prisa enorme para que se los quitaran, como si el retraso de un día fuera a producir la muerte de los que se hallaban protegidos por ellos.

En ningún ayuntamiento de España se quiso tener un «cementerio» –con esa palabreja…– donde almacenar el americio extraído de los pararrayos, así que se lo llevó una empresa inglesa, que cobró por llevarlo, y que lo ha devuelto dentro de los detectores iónicos de incendios que nos ha vendido y que están colocados en multitud de edificios públicos, mucho más cerca de nuestras cabezas.

El paso siguiente en el clamor público fueron las antenas de telefonía como emisoras de radiación electromagnética. El público en general se opuso radicalmente a las antenas situadas a muchos metros de distancia y sin embargo pega a la oreja el teléfono móvil que es un receptor-transmisor que recibe y emite esas ondas electromagnéticas de radiofrecuencia.

Por supuesto la central, según algunos, seguía produciendo terribles daños a nuestra salud: cáncer, abortos, porfiria... Hasta hubo la pretensión de que una familia culpase a la central de los labios leporinos de uno de sus hijos. Para algunos antinucleares la radiación se escapa a chorros por cualquier resquicio de la instalación.

Voy a contar una anécdota que puede dar una idea de la sensibilidad con que se tratan los temas radiactivos en la instalación: cierto trabajador de la central entró a realizar un trabajo en zona controlada. A la salida, el pórtico de control determinó que sobre él o sobre su ropa había algún producto radiactivo. Tras comprobar que no estaba en la ropa y tras varias duchas y lavados se llegó a la conclusión de que lo que fuera era algo interno. En el contador de cuerpo entero se determinó que había un pico limpio de iodo-131. El hombre aclaró entonces que a su esposa la estaban tratando clínicamente de una afección en el tiroides y había recibido el alta días atrás. Su contaminación era de segunda mano.

Viabilidad y economía

Aparte del mantenimiento del empleo en nuestra comarca hay otras razones que quien gobierne debería tener en cuenta antes de tomar decisiones más ideológicas que racionales: la viabilidad y economía de la red eléctrica y la emisión de gases con efecto invernadero.

Los planes de la titular del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por cerrar las centrales nucleares y mantener prácticamente inalterado el parque de centrales de ciclo combinado.

Según el ministerio se ha optado por esta tecnología de respaldo porque se trata de un «mecanismo de generación elástico», que se puede poner en marcha cuando se necesite para garantizar el suministro. Parece que no tienen en cuenta que las centrales de ciclo combinado tienen equipos térmicos que para ponerlos en operación necesitan un calentamiento progresivo, lo que lleva su tiempo, aunque, para que puedan responder con inmediatez ante un imprevisto, se puede optar por tenerlos en funcionamiento, rodando en vacío o produciendo el mínimo técnico, lo que tiene su coste, que de todas las tecnologías es la de producción más cara y que emite del orden de cuatrocientos kilos de dióxido de carbono (CO2) por cada MWh generado.

Augura el ministerio una reducción de la factura de la electricidad de un 12% y cero emisiones de CO2 en un futuro próximo. Con esas premisas no sé cómo piensan conseguirlo.

En caso de reemplazarse la electricidad proveniente actualmente del parque nuclear en España con la procedente de centrales de gas, se emitirían más de 23 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, lo que hará casi imposible cumplir los objetivos establecidos de reducción de gases de efecto invernadero. además de desencadenar un aumento de los precios de la electricidad a medida que se vayan cerrando las centrales nucleares.

A ver si alguien se cae o se apea de la burra.

PD. De las catorce centrales hoy operativas -gestionadas por Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo-, sólo quedarán cinco: As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz) -de Viesgo-, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.

Iberdrola ya ha solicitado al Gobierno el cierre de las dos plantas que le quedan y Endesa pretende echar el cierre a dos de sus cuatro centrales de carbón.