

«Ocupas ferroviarios que no respetan ni a la ciudadanía ni a las instituciones municipales. Estamos en una situación lamentable, donde el Ministerio de Transportes ha okupado (con k) nuestro pueblo con todas las bendiciones de la Ley Ferroviaria y del Estado pasando por encima del Ayuntamiento, que no puede hacer nada».
Así de contundentes se han mostrado, Enrique Hueso, y el concejal de Urbanismo, Francisco Javier Porras, entre indignados e impotentes ante el avance de las obras del tren de altas prestaciones en el casco urbano y, sobre todo, por lo que se hará en el entorno del cuartel de la Guardia Civil, la estación de autobuses y Renfe.
De ahí que pidieran «paciencia» y después «perdón» en nombre de los últimos gobiernos locales -aunque ellos lleven menos de un año en el cargo- por no haber previsto lo que se venía encima y haber hecho algo más para evitar el caos reinante.
En su comparecencia se repartieron los papeles: Hueso incidió en la actitud del Ministerio y de Adif y Porras en el «caótico y sin planificar» desarrollo de las obras.
Las primeras palabras del alcalde fueron para el ministro Óscar Puente, recordando declaraciones en las que cree incurre en evidentes contradicciones, como cuando dice que está abierto al diálogo y no quiere recibir a los representantes de los vecinos y vecinas de Navalmoral para que conozca de primera mano la situación que se está viviendo.
O cuando anuncia que el AVE Madrid-Extremadura estará terminado en 2032, con lo que no habría problema en retrasar cinco años el tramo de Navalmoral para que sea soterrado y evitar los pasos subterráneos previstos en el proyecto en superficie.
Ocupación sin control
«La ocupación sin control es el problema más grave que tenemos. Seguimos observando comportamientos de Adif que nos preocupan más allá de hacer o no el soterramiento. La última reunión, el pasado 21 de marzo, nos indicaron que para reunirse con nosotros debían pedir permiso al Ministerio. Tampoco querían que asistieran técnicos ajenos al Ayuntamiento. Además hemos realizado solicitudes de mejoras, pedido más control en seguridad y en ruidos, una planificación de la obra, una copia del proyecto actualizado... Pero no hemos recibido nada», lamentaron.
Para terminar, y ante el «aquí mando yo y se hace lo que yo digo» imperante, avanzaron que los servicios jurídicos están sopesado varias alternativas. Entre ellas llevar las obras y al Ministerio a los tribunales por el destrozo que están causando y la falta de soluciones a futuro.
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