La familia de Agustín Carreño impugna el acuerdo del pleno que retira la calle dedicada a su memoria

La familia de Agustín Carreño anuncia en un comunicado que ha decidido impugnar judicialmente el acuerdo del pleno por el que se retira la calle dedicada a quien fuera alcalde de Navalmoral entre 1942 y 1957.

«Este acuerdo se adoptó con la excusa de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido interpretada por los grupos políticos que lo han apoyado de forma extensiva y contraria a su letra y a su espíritu. La Ley de Memoria Histórica sólo prevé la retirada de símbolos conmemorativos de la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. No es el caso de Agustín Carreño, que jamás exaltó ni auspició ninguna sublevación ni acto de represión, sino todo lo contrario», se dice.

Carreño, pediatra de profesión, tomó posesión como alcalde el 27 de marzo de 1942, cargo que desempeñó hasta 1957. «En su vocación de servicio público y ayuda a los demás, procuró siempre el desarrollo y la prosperidad de Navalmoral y promovió y ejecutó obras y gestiones muy relevantes para el progreso y la modernidad de la población».

En opinión de su familia, el acuerdo impugnado «no aplica adecuadamente la Ley, sino que se ha retirado la calle simplemente porque Agustín Carreño fue alcalde en una época determinada de la historia de Navalmoral, lo que no está amparado por la Ley de Memoria Histórica ni por ninguna otra. Porque lejos de aplicar la Ley de Memoria Histórica como instrumento de concordia, reparación y convivencia, el acuerdo ahora impugnado la convierte en un instrumento para enfrentar a los moralos y reescribir nuestra historia común».

No ha sido posible el acuerdo

Para terminar, se señala que la familia ha intentado que el Ayuntamiento reconsidere este acuerdo y aplique adecuadamente la Ley de Memoria Histórica, «pero no ha sido posible. Por ello, entendiendo que el acuerdo no se ajusta a la Ley, se ha visto en la obligación de impugnarlo judicialmente para que sean los Tribunales los que decidan sobre la validez de esta decisión, esperando que prevalezca la ley y su debida aplicación de acuerdo con los valores y principios constitucionales».