430.000 euros más para el aula de cine y un festival de música

Quedaron pues suspendidos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública durante el periodo 2020-2023 para combatir las consecuencias socioeconómicas de la enfermedad. Los objetivos de estabilidad ya no limitarían el destino del superávit para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles y los ayuntamientos podrían usar sus remanentes de tesorería para colaborar en la recuperación de España.

En cualquier caso, se mantenían las medidas de seguimiento, supervisión y control de las finanzas públicas; la suspensión no anulaba el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ni en otras normas; y se mantenía el régimen de autorización de operaciones de endeudamiento local y el periodo medio de pago a proveedores. El Gobierno abogaba por apoyar la economía y a los colectivos más vulnerables como respuesta a la pandemia, para proteger a familias, autónomos y empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.

Era una excelente medida que este Grupo Municipal Popular venía pidiendo, porque ya lo preveía el artículo 135.4 de nuestra Constitución, solicitando de la alcaldesa que defendiera esta postura ante las Federaciones de Municipios y Provincias; para trasladársela al Gobierno, porque, en verdad, los impuestos están para atender las necesidades públicas, de todos, cuando había aflorado la tragedia de la covid-19, y era absurdo mantener ese dinero en la hucha, sin responder a la catástrofe sanitaria que aún vivimos y que tantas pérdidas nos ocasionó.

Las palabras se las lleva el viento y, toda medida, para ser eficaz, debe aplicarse con rectitud al destino previsto; de lo contrario, la relajación de las reglas fiscales nos puede convertir en pródigos manirrotos y dilapidar el dinero público, que es de todos y que no es de los actuales gestores, ni ha sido puesto a su disposición sino para cumplir con los mandatos y obligaciones que impone la Ley.

Este preámbulo sirve para situar la consternación sufrida por el Grupo Municipal Popular cuando en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado viernes se pedía una nueva modificación de créditos –y ya son 20– por importe de 820.000 euros con cargo al remanente, de los que 430.000 euros se dirigían al aula de cine independiente y al festival de música y el resto para las retribuciones y pago a la Seguridad Social del II Plan de Empleo Joven.

Preguntas sin respuesta

Nada que objetar al coste económico del plan de empleo juvenil. Pero llama la atención que la nunca satisfecha concejalía de Cultura y Diversidad pida otros 430.000 euros más para gasto y, en la Comisión de Hacienda, no contestara ni una sola de las preguntas que se hicieron al equipo de gobierno local:

¿Cuál es el presupuesto total manejado por la concejalía de Cultura y Diversidad? ¿Y el número de puestos de trabajo creados; de qué calidad, duración y naturaleza? ¿A qué segmento del mercado laboral se beneficia? ¿Se invierte en personas desempleadas de larga duración y mayores de 40 años? ¿Cuál es el impacto en el turismo? ¿Se ha realizado algún estudio, por quién? ¿No se está incurriendo en competencia desleal con las empresas privadas de cine y espectáculos?

430.000 euros dan para mucho: para invertir en Inversiones Financieramente Sostenibles; para eliminar las barreras arquitectónicas hasta el campo de fútbol y su interior; crear la debida atención a los pacientes de Alzhéimer; favorecer el regreso al mercado laboral a mayores de 40 años o fomentar la instalación de empresas que, como nos ha ocurrido, no tengan que irse a Cazalegas. Todo ello son propuestas de este grupo, algunas de ellas aprobadas hace años en pleno. Pero nada de eso se ha hecho.

Y, como digo, nadie dijo ni mú en la comisión de Hacienda, de lo que dio fe el Interventor. Y ante esta falta de transparencia, quizá se entienda que este grupo votara en negativo, al temernos que se esté derrochando el dinero de todos nosotros, de todos ustedes.