Una sentencia obliga a un banco local a devolver 36.000 euros en preferentes

Los recibirán los hijos de una pareja de ancianos, ya fallecidos, que pensaban que era un plazo fijo

Por no informar adecuadamente

Los hijos de una pareja de octogenarios de Navalmoral, ya fallecidos, recuperarán 36.000 euros en preferentes contratados por sus padres en una entidad bancaria local, tras recurrir, eso sí, a la vía judicial.

Al haber fallecido, los hijos de la pareja denunciaron a la entidad -con la asesoría legal de Picado Abogados- por entender que sus progenitores siempre pensaron que tenían el dinero en un plazo fijo. Según la sentencia los empleados del banco ni informaron bien ni con buena fe a estas personas, además de considerar que esas participaciones preferentes no eran un producto adecuado para el perfil de los clientes, de 85 años y sin estudios. 

El pasado 20 de marzo, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 declaró la anulabilidad por "vicio en el consentimiento del contrato de suscripción de Participaciones Preferentes comercializadas", condenando a la entidad financiera a la restitución a los demandantes del capital aportado, 36.000 euros más intereses legales, así como al pago de las costas.

La demanda presentada en defensa de los herederos de los suscriptores de las preferentes, a instancias de la firma cacereña Picado Abogados, funda sus pretensiones en la concurrencia de "negligencia profesional al actuar en contra de las buenas prácticas bancarias y en la vulneración de los deberes de transparencia, información, asesoramiento y lealtad debida por parte de la entidad financiera demandada". 

Y en ese sentido se pronuncia el órgano judicial, al determinar que, contraviniendo lo dispuesto por la normativa aplicable, la entidad financiera comercializó un producto complejo y no adecuado al perfil de los clientes "sin informar a los mismos sobre la verdadera naturaleza del producto que iban a contratar".

Obligación de informar al cliente

En concreto se incumple lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, que establece la obligación que tienen las empresas que presten servicios de inversión -como es el caso de la demandada- de informar al cliente y de obtener la información necesaria sobre el mismo de cara a ofrecerle los servicios y productos que más le convengan. 

La sentencia es firme y aceptada por el banco.