El Ayuntamiento recurre al TSJEx para no pagar a los profesores de música

El gobierno municipal opta por la indemnización, que supera los 87.000 euros, frente a la readmisión

Entre la readmisión y la indemnización, el Ayuntamiento de Navalmoral ha optado por lo segundo en el caso de los siete antiguos profesores de la Escuela Municipal de Música que el Juzgado de la Social número 3 de Plasencia consideró que fueron despedidos de forma improcedente. No obstante el gobierno municipal ha anunciado que presentará un recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Tal y como informó HOY en su edición del lunes, la cuantía de esa indemnización ronda los 87.000 euros entre los siete demandantes con cuantías que están en función de los meses que estuvieron contratados y de las horas que impartían cada mes. Oscilan entre los 25 y 145 meses de contrato y las indemnizaciones entre 2.416 euros del profesor con menos antigüedad y 33.500 del más beneficiado. Lógicamente el equipo de gobierno espera ahorrarse esa indemnización en el TJSEx, puesto que como apuntó el lunes el portavoz municipal, José Demófilo Pascual, en los informes elaborados por los servicios jurídicos se aportaban fundamentos de peso para demostrar que no se trata de trabajadores fijos discontinuos. Ya lo había manifestado también con anterioridad el alcalde, Rafael Mateos, puesto que cada año finalizaba la relación laboral de los profesores con el final del curso, normalmente el 30 de junio; se convocaban plazas a las que podían concurrir todos los interesados que cumplieran los requisitos exigidos y un tribunal se encargaba de la selección.
Ese proceso se ha venido repitiendo durante casi dos décadas hasta el inicio del presente curso, como consecuencia de un requerimiento de la Inspección Provincial de Cáceres al Ayuntamiento para que regularizara la situación laboral de los profesores por entender que debían ser considerados fijos discontinuos. Sin embargo el Ayuntamiento evitó una nueva contratación, que ofreció se hiciera a través de la asociación de madres de padres de alumnos o de las asociaciones musicales del municipio, que no aceptaron por la complejidad que veían en todo ese proceso. A partir de ahí la solución más rápida que encontró el equipo de gobierno para que el curso empezara lo antes posible fue encargar su gestión a la Fundación de Música Artes y Escénicas de Cáceres (Femae) mediante la firma de un convenio de colaboración, que provocó informes jurídicos contradictorios entre los técnicos municipales, que creían debía hacerse mediante un concurso público, y los del área jurídica de la Diputación Provincial.
Para el nuevo proyecto la fundación solo contó con un profesor de los que venían impartido las clases, Juan Luis Manchado, que ejerce desde entonces de director. De los que se quedaron fuera siete presentaron una reclamación previa contra el Ayuntamiento, que no fue aceptada, y posteriormente una denuncia ante el Juzgado de lo Social por entender que se trataba de un despido improcedente, como así ha reconocido, por entender que la terminación del curso el 30 de junio del 012 no tenía carácter de extinción de la relación laboral, sino que tenían que haber sido llamados nuevamente el inicio del siguiente curso. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el que determine si deben percibir o no los 87.000 euros en que se ha fijado la indemnización, y que de tener que pagarlos sería un duro golpe para las arcas municipales.